La Municipalidad de Villa Gesell acaba de obtener nuevamente una de las peores notas en materia de trasparencia, de acuerdo a un relevamiento que anualmente realiza la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

Según el informe del organismo, la administracion Barrera integra en último lugar del grupo de Municipios de “bajo o regular cumplimiento” con solo 15 de 100 puntos posibles, al borde del grupo de los peores “de nulo cumplimiento de su responsabilidad fiscal”.

Cabe destacar que la Administracion Barrera se niega sistematicamente a entregar claves de acceso al sistema contable RAFAM a los concejales, ni publica en internet lo que la ley exige: información económica financiera del ejercicio en curso y presupuesto vigente, entre otros items.

El estudio analiza una serie de puntos a que son “invitadas” las intendencias a cumplir en el marco de la Ley nacional N° 25.917 de Responsabilidad Fiscal, actualizada por iniciativa del oficialismo en 2017 con adhesión de más de un centenar de municipios bonaerenses.

En el otro extremo de cumplimiento, solo dos municipios - San Martín y Bahia Blanca -llegan a un nivel alto en el índice de transparencia y cumplimiento, 20 a nivel medio, 66 a nivel bajo o regular, y los restantes 47 a un nivel nulo de información.

Desde enero de 2005 la provincia de Buenos Aires adhiere a la ley Responsabilidad Fiscal. Dentro de ese marco, tal como lo establece su artículo segundo, se invita a los municipios de la Provincia a un Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal. Con las modificaciones implementadas por el oficialismo en materia tributaria y fiscal a fines de 2017, envalentonados por haber ganado las elecciones legislativas, se actualizaron ambos regímenes, el nacional y el municipal, para dar una supuesta mayor transparencia a las administraciones a partir de la divulgación en tiempo y forma de las cuentas públicas.

Según el uso habitual, los municipios deberían remitir sus presupuestos a los Concejos Deliberantes aproximadamente a fines de cada año, aunque en la Ley Orgánica de las Municipalidades se establece que tiene que ser con anterioridad al 31 de octubre. Sobre esa fecha se yerguen una serie de responsabilidades de información que van desde cifras de deuda y pago de servicios hasta ocupación del sector público. ASAP elaboró un índice de transparencia y cumplimiento que pondera los diferentes requerimientos establecidos en el marco normativo.

Para la elaboración del índice se toma en cuenta presentación de Presupuesto, información de situación económica financiera trimestral, de ejecución presupuestaria, de gastos por finalidad y stock de deuda y, por último, facilidad del acceso por vía Web.

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